Miércoles, 19 de octubre de 2011
Hon. Luis Guillermo Fortuño Burset
Gobernador de Puerto Rico
Palacio Santa Catalina
San Juan, Puerto Rico.
Apreciado Señor Gobernador:
Reciba usted un cordial y respetuoso saludo a nombre del Sindicato de Policías Puertorriqueños.
La presente tiene varios temas aunque relacionados entre sí. En primera instancia, el Sindicato de Policías solicita y se une al grupo de voces que solicitan la renuncia inmediata del Ingeniero Emilio Díaz Colón como superintendente de la Policía. Entendemos que si no es capaz de resolver problemas sencillos que le hemos planteado, no será capaz de resolver problemas complejos como lo es la incidencia criminal.
También es nuestro interés según le manifestamos en la reunión sostenida con Usted, el día 7 de septiembre de 2011, llevarle nuestra preocupación sobre un tema presentado en el Informe de la Comisión de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal, sobre la continua violación de la Primera enmienda (Derecho a la libre expresión) contra los policías en forma sistemática.
Si queremos enfatizar en una cultura libre de violación de los derechos constitucionales, es obligatorio comenzar con el ejemplo institucional.
¿Cómo podemos hablar de la no violación de derechos constitucionales contra los ciudadanos de parte de los Policías, cuando el ejemplo que reciben es de violación de sus propios derechos?
Los Policías por muchos años han estado bajo continuas violaciones de sus propios derechos, como el derecho a compartir con sus seres amados, el derecho a ser escuchados, el derecho a vistas rápidas y muchas otras más, pero la violación mayor esta cuando una policía, quien también es un ciudadano, hace expresiones protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución por situaciones que merecen ser atendidas, como falta de uniformes, equipo, y otros, entonces lo castigan con traslados onerosos, buscando enviar un mensaje a los demás policías.
Por tanto es urgente que primero se corrijan los sistemas de injusticia y violación de derechos internos para luego entonces automáticamente como una cadena, se corregirán las actuaciones externas de Policías hacia la ciudadanía.
Tal es el caso del Sgto. José Cruz Martínez (787-370-8416) asignado al Distrito de Cayey, el cual ha sido víctima en varias ocasiones por hacer uso del derecho a la expresión, el caso de la Sra. Yolanda Martínez Camacho (787- 709-5929) que solicito ingresar y que fue aceptada, cumpliéndose su sueño de ser policía, sin embargo fue expulsado como cadete, víctima de un sistema que necesita urgentemente ser reformulado y de la Agente Francés Carlo Rodríguez 33694 entre muchos otros que le serán enviado posteriormente.
En el caso del Sgto. Cruz, quien es residente en el pueblo de Juana Díaz y estaba adscrito a la Región de Ponce, Precinto 558, el mismo fue trasladado al cuartel de Cayey por supuesta necesidad de servicio, sin embargo en el precinto 558 donde trabajaba fue trasladado otro sargento por que era necesario. El haber sido trasladado al cuartel de Cayey le afecto en lo económico y en lo familiar, entendemos que este traslado fue uno mal intencionado por que el Sargento hizo uso del derecho sagrado de la expresión. Actualmente se le agravo la situación con problemas serios de salud de su padre. Relacionado a este caso en particular y luego de más de seis reuniones con los directivos de la Policías y de recibir promesas de revocar este traslado injustificado, transcurrido más de 10 meses continuamos esperando.
Otro caso es de la Agte. Carlo, quien prestaba servicio en el cuartel del Distrito de Aguada y quien fue injustamente trasladada junto a otros cuatro agentes por hacer expresiones de inconformidad contra el Director del mismo Distrito por hechos relacionado a una querella de Hostigamiento Sexual contra él. En relación a la querella de Hostigamiento Sexual, la víctima y perjudicada, la cual se encuentra reportada enferma por razones del mismo caso y están esperando que se incorpore para también ser trasladada. En el caso particular de la Agte. Carlo, esta fue trasladada al Distrito de Rincón.
Otro caso es de la Agte. Arleen Collazo Rodríguez (787-533-4587) quien laboraba en la unidad de Delitos Sexuales de la Región de Aguadilla y por prestar servicio diligentemente, ayudando a otros compañeros, su Director de Unidad la ofendió con gritos y le impidió que tomara su tiempo de alimentos, lo que ocasiono tuviera problemas de salud, viéndose obligada a recurrir al derecho de reportarse al Fondo del Seguro del Estado y cuando se querello por esta situación, fue trasladada al distrito de San Sebastián.
Es alarmante que esta práctica se haya generalizado en la alta gerencia de la Policía. Nos sorprende la cantidad de compañeros que se comunican con el SINDICATO, porque han sido afectados por decisiones que fueron basadas totalmente en chismes o en viciosos ataques contra el sagrado derecho a la expresión, según surge de nuestra investigación.
En el Artículo 19 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", se lee: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge los derechos humanos considerados básicos.
La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos. Mientras que la Declaración constituye, generalmente, un documento orientativo, los Pactos son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a cumplirlos.
Enmienda I
El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios.
ARTICULO II CARTA DE DERECHOS Constitución de Puerto Rico
Sección 1. Dignidad e igualdad del ser humano; discrimen, prohibido.
La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.
Sección 4. Libertad de palabra y de prensa; reunión pacifica; petición para reparar agravios.
No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.
Sr. Gobernador, el Sindicato de Policías Puertorriqueños reconoce su disposición para atender los problemas apremiantes de nuestro país, con atención especial a los policías, agradecemos su actitud y respuesta para con otros asuntos que han llegado a su atención, por tanto, reiteramos que es nuestra única intención de concientizarlo sobre estas situaciones y solicitamos se ordene un desista inmediato de esta práctica de castigo (en especial el derecho a expresarse sin temor a represalias) en violación a los más elementales derechos constitucionales y se haga justicia con aquellos a los cuales se les ha castigado injustamente revocando los traslados injustificados de los que han sido víctimas.
Sometemos respetuosamente a su consideración las mismas apelando a su sensibilidad con estos casos que merecen su atención por lo significante de la situación que viven estos seres humanos y con esta práctica injusta, inmoral e ilegal que viola los más sagrados y elementales derechos que tiene todo ser humano. Dios y cada uno de los miles y miles de policías y sus familiares se lo agradecerán.
Cualquier duda con este documento o cualquier otro asunto, nos reiteramos a sus órdenes.
Cordialmente:
