jueves, 22 de abril de 2010

Los menores para el registro de ofensores sexuales

La licenciada Antoniette Pacheco Cartagena, representando al designado secretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani, reveló que Puerto Rico se corre el riesgo de perder fondos federales si no se acoge a la ley federal, que dispone que se incluya a los menores en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores (Ley 266 de 2004).

Su planteamiento se produjo durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico Penal, que preside el senador José Emilio González, en la que se consideró el Proyecto del Senado 769, que ordena enmendar la Ley de Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales, a fin de atemperarla a la ley federal Adam Walsh Child Protection and Safety Act de 2006.

De este modo, según la medida, se establecen las nuevas clasificaciones para los ofensores sexuales basadas en el delito cometido y se dispone sobre los nuevos deberes del ofensor sexual y de las agencias concernidas.

El senador José Emilio González expresó que para cumplir con las disposiciones federales hay que enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico y “desde hoy le digo que yo no estoy de acuerdo. La Ley de Menores, a mi juicio, tiene más peso.

Sin embargo, el Secretario de Justicia, quien favoreció la medida del Senado, destacó que el Departamento sometió recientemente para la consideración del Gobernador un anteproyecto para enmendar la Ley 266 de 2004 y atemperarla a lo dispuesto en SORNA.

La legislación federal establece una penalidad de un 10% en los fondos asignados bajo el Byrne Justice Assistance Grant a aquellas jurisdicciones que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en SORNA”, expresó el Secretario de Justicia. Pacheco Cartagena expresó no tener información sobre cuánto la Isla dejaría de recibir.

En tanto, la licenciada Pacheco Cartagena indicó que la Agencia tiene conocimiento de que hay otras jurisdicciones que el registro de los menores lo tienen aparte, pero se desconoce si es público o no, por lo que se hizo la consulta. “Solamente tenemos conocimiento de que Ohio implantó a SORNA en totalidad. Vamos a estar en incumplimiento por el mero hecho de los menores”, dijo.

El senador González comentó que en Puerto Rico hay un récord de menores y se sabe su historial, pero es de carácter confidencial.

Te invitamos a votar en nuestra encuesta. ¿Deben los menores convictos por delitos sexuales estar en el registro de ofensores sexuales?

Aprueban el IVU-LOTO

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto llamado IVU-LOTO, una medida que pretende detener la evasión del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y provee una serie de mecanismos tecnológicos que le permiten al Estado controles fiscales.
La medida P. del S. 1405, cuyos autores son el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, y los senadores Carmelo Ríos y Migdalia Padilla, persigue establecer un sistema que asegure que las contribuciones pagadas sean contabilizadas, procesadas, cobradas y remitidas al Gobierno y los municipios.

A través de este sistema tecnológico podríamos mejorar la captación del IVU, que actualmente fluctúa entre el 50 y 60 %. Además, eliminaríamos y reduciríamos la evasión del gravamen. Otro de los propósitos sería incrementar la radicación de planillas mensuales del impuesto con la información real de las ventas de los comerciantes”, dijo Padilla Alvelo.

Este sorteo convertiría a los consumidores en fiscalizadores de pago por parte de los comercios de dicho impuesto. Mediante el mismo, serán los consumidores quienes informarán en torno a los comercios que no pagan el impuesto al no entregarles el recibo con los números del IVU-LOTO, que será un sorteo especial que se realizara al finalizar el sorteo de la Loto regular. El recibo de compras contendrá un número único con el cual el consumidor podrá participar de un sorteo especial, el cual será pagado tentativamente dos veces en semana con un premio sugerido de $1,000

El proyecto establece penalidades de hasta $10,000 para los comerciantes que remuevan componentes del sistema, los que instalen u operen por cuenta propia los equipos o que suplanten u obstruyan algunos de los componentes del sistema. Se espera que la implantación del Sistema Tecnológico comience en noviembre del 2010.